Ni demonios ni ángeles, sólo incentivos

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Juan Carlos Corrales Salas,

Gerente General BNCR

 

Costa Rica ha construido una robusta arquitectura institucional que le ha permitido posicionarse como una de las economías más estables, pero a la vez con mejores índices  de desarrollo humano del continente.

El acceso universal a la salud, la educación gratuita y obligatoria, así como el acceso de la población a fuentes de empleo que permitan la satisfacción de sus necesidades han sido posible, en buena parte, gracias a un diseño institucional, que promovió la educación y el empleo público, como mecanismos de movilidad y ascenso social.

Durante la post guerra, en las décadas de los 60, 70 y 80s se incubaron esquemas de empleo público que permitieron formar un ejército de empleados públicos compuesto por maestros, ingenieros encargados  de diseñar y construir las principales obras públicas que sostienen al país y profesionales y obreros que cimentaron las bases para una Costa Rica más equitativa.

La estrategia para atraer y retener ese talento en el sector público se basó en el pago de incentivos. En su contexto, la estrategia tenía sentido, porque movería y mantendría aceitada la máquina para generar progreso.

A partir de los ochenta, con la apertura de Costa Rica a los mercados internacionales, el Estado deja de ser el proveedor preminente de servicios y con él crece un dinámico sector privado encargado de la producción tanto para el mercado local como internacional.

La competencia privada en el sector bancario se manifiesta a partir de 1994, con la liberalización de las cuentas corrientes. Por ello, desde 1997, la directriz presidencial n°25 del 14 de octubre de 1997, autorizó a los bancos del Estado a implementar un sistema de incentivos para aumentar su productividad y enfrentar la competencia.

A la sazón, el Banco Nacional creó un sistema de incentivos al amparo de su convención colectiva, como una estrategia competitiva para estimular al personal a alcanzar los niveles de competitividad y productividad requeridos en un mercado en el que participan más de 40 actores.

La demonización mediática del incentivo

Pagar incentivos al personal cuando se alcanzan las metas y cumplen los objetivos es una estrategia común en la industria financiera y en otras ramas a nivel nacional e internacional, público y privados. En el caso particular del BNCR, la finalidad de dichos estímulos ha sido mejorar los resultados financieros, no garantizarle a un grupo de colaboradores jugosos bonos para enriquecerlos.

Por ello, desde hace muchos años la institución viene ajustando sus esquemas de remuneración a los nuevos tiempos. Eliminó el viejo esquema de paso porcentual, mérito y pluses, que obligaba  al pago incremental de 6% anual acumulativo sobre los salarios bases, que de no haberse eliminado, hubiera consumido las utilidades del BNCR.

Es preciso aclarar, que el BNCR no depende ni recibe dineros del presupuesto nacional. Como banco comercial del Estado, capta los recursos del público y bajo su propia cuenta y riesgo, los invierte y  canaliza a créditos productivos, generando con ello utilidades para seguir creciendo y concediendo sumas incrementales de crédito. Generar utilidades es la única fuente de capitalización de la entidad. Entonces, es totalmente falso afirmar que producto de la política de remuneraciones hay un efecto fiscal.

En 1998, consciente de la necesidad de ajustar su realidad, BNCR introduce el Sistema de Evaluación del Desempeño e Incentivos (SEDI), cuya premisa básica fue eliminar incentivos incrementales y supeditar el pago de éstos a los resultados que rindiera la organización. Si no hay utilidades, no hay SEDI, y cada colaborador del Banco Nacional así lo sabe.

Como estrategia, el SEDI ha rendido sus frutos: A partir de su implementación, las utilidades netas del Banco Nacional pasaron de 5.100 millones en el 2001, a 39.600 millones en el 2014, se multiplicaron por ocho en 13 años. Hablamos de un crecimiento anual del 52% entre el 2001 y el 2014.

La ganancia por sí sola no es el indicador, lo son los miles de créditos aprobados a los sectores productivos, a la clase media para construir sus viviendas, a decenas de miles de micro, pequeños y medianos empresarios y a instituciones para generar obra pública.

El esquema no es antojadizo ni ilegal, la Sala Constitucional en su resolución 2011-006 351 del 18 de mayo del 2011 opinó “que el sistema que el Banco Nacional utiliza para que los funcionarios obtengan el derecho a percibir el rubro de incentivo por resultados cumple con los parámetros objetivos y razonables”.

Aun así, los bancos públicos han sido blanco de airados reclamos por el pago de dichos incentivos; algunos amparados en la falaz aseveración de que tiene efectos fiscales, pero en la mayor parte de los casos, basados en la odiosa distancia entre los salarios de los empleados del sector privado –muchos ayunos de derechos básicos- y los pagados en el sector público.

Sin hacer oídos sordos al clamor de la población y conscientes de la realidad socioeconómica, el BNCR, al denunciar las convenciones colectivas a lo largo de los años, ha modernizado sus sistemas de incentivos y remuneración, no para patrocinar retrocesos que perversamente nivelen hacia abajo los ingresos del sector público y privado, sino para garantizar la competitividad que permitirá a la institución competir sosteniblemente al nivel de los líderes de la industria.

Para el 2013 se introduce el salario único de mercado, que, manteniendo niveles cercanos al promedio de mercado, elimina anualidades, pagos por antigüedad y otros pluses que ocasionan costos incrementales en la planilla.

En el 2014, atendiendo las observaciones de la Contraloría General de la República, el pago del SEDI es objeto de las correspondientes rebajas de cargas sociales e impuestos, por lo que es justo decir que cada trabajador contribuye, en adición a su salario ordinario, a la estabilidad de la CCSS y la estabilidad fiscal al recibir su SEDI.

Adicionalmente, este 2016, en el marco del nuevo Plan Estratégico Institucional, el BNCR modifica su sistema de incentivos y lo condiciona al cumplimiento de las metas de la organización,  orientadas a promover el desarrollo social y económico de costa Rica, con  un excelente servicio y  fortalecida en la salud organizacional y  financiera. La medición, más allá de la mera evaluación financiera, dimensiona el impacto social y la calidad de la gestión.

Bajo el nuevo esquema, la organización deberá mantener niveles de cumplimiento de todas las metas superiores al 80%, si alguna de las variables está por debajo, sencillamente no se recibe el incentivo.

Banco Nacional ha eliminado 6 incentivos  de los registrados por la Contraloría. De ellos 5, no registran erogación en el 2016 y uno está en función de la salida del personal que adquirió el derecho antes de 1999 (méritos y pasos), muestra de la disposición de la mejora continua en la gestión organizacional.

Una institución y un equipo de personas comprometidas, respetuosas de su país, de sus leyes, pero ante todo claras de su relevancia en la sociedad, son la mayor garantía de que el BNCR no sólo cumplirá sus metas, sino que mantendrá su papel de liderazgo en la sociedad costarricense.

Aunque nos ha rodeado una estela de maledicencia e intereses particulares que más parecen querer desarticular al sector público, nos enfocamos en servir al país, en rendir cuentas transparentemente, y en promover el acceso de millones de personas a nuestros servicios.

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