Gerente del BN ante Diputados: “No existe relación ni corresponsabilidad entre el Banco y operaciones de ASEBANACIO”

  • Traslado de recursos de cesantía del Banco Nacional a ASEBANACIO fue apegado a la ley. Fondos una vez trasladados, son fondos privados de los trabajadores. 
  • Banco Nacional no tiene injerencia alguna en la administración de ASEBANACIO.
  • Banco Nacional niega categóricamente que, los actuales miembros de la Junta Directiva de ASEBANACIO hayan sido objeto de persecuciones por parte del Banco, debido a las denuncias que han efectuado.
  • Desde 2017 se reformó código de Conducta para evitar conflictos de interés.

El Gerente General del Banco Nacional, Gustavo Vargas, compareció este jueves ante la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público, que investiga el caso de la Asociación Solidarista de Empleados del banco (ASEBANACIO). 

Como uno de los puntos fundamentales relacionados con el caso, don Gustavo se refirió a la legalidad del traslado a la asociación solidarista, de los recursos de la cesantía acumulada, al momento de su constitución. Al respecto mencionó “debo ser categórico al afirmar que el traslado de recursos que hizo el Banco Nacional a ASEBANACIO en el año 2011, fue absolutamente legal.

Y esto es así, desde el 18 de diciembre de 1998, cuando el propio órgano legislador incorporó al Ordenamiento Jurídico una disposición legal que faculta a todas las instituciones públicas que tengan una reserva de cesantía paratrasladarla a la cooperativa de ahorro y crédito o a cualquier otra entidad autorizada para administrar la cesantía de los trabajadores, previa solicitud del trabajador”. 

Vargas indicó que esta ley de 1998, vino a dejar sin efecto el criterio emitido por la Procuraduría General de la República en 1992 y reiteró que la disposición legal representa una autorización legal expresa, para que el Estado y sus instituciones, trasladen la reserva de cesantía de sus trabajadores. En ese sentido se citó textualmente, el artículo 2 de la Ley No. 7849.

De esta manera, el Gerente General dejó claro que, el traslado de los recursos de la cesantía que realizó el Banco Nacional a la ASEBANACIO, fue completamente apegado a la ley.

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Como segundo punto e igualmente importante, se refirió a la naturaleza de los fondos que se trasladan a una asociación solidarista, por parte de una institución pública como lo es el Banco Nacional. Al respecto, aclaró de manera contundente, que los fondos trasladados por el Banco a ASEBANACIO, por concepto de la cesantía de sus trabajadores, una vez que ingresan al patrimonio de la Asociación, dejan de ser fondos públicos para convertirse en fondos privados y que, a partir de ahí son administrados por los asociados como mejor convenga a sus intereses.

Vargas sostuvo que esta determinación es reiterada por la Contraloría General de la República, la que mediante diferentes oficios incluidos el oficio DFOE-ED-0370 del 10 de junio de 2010 y CGR-DJ1212-2015 del 29 de junio de 2015.

Finalmente, en relación con este tema, Vargas indicó que esta posición del Órgano Contralor tiene sustento en la misma Ley de Asociaciones Solidaristas, que establece en sus artículos 18 y 21, que el aporte del patrono forma parte del patrimonio de la asociación solidarista y se utilizará para el desarrollo y cumplimiento de los fines de la asociación.

Por otra parte, en relación con el argumento de si el Banco debía fiscalizar o tener injerencia en la administración de los recursos que estaba realizando ASEBANACIO, el Gerente General fue enfático en que no, “ha sido la propia Contraloría la que ha indicado en forma contundente, que ni siquiera las auditorías internas de las instituciones deben fiscalizar a las asociaciones solidaristas”.

Esta aseveración la sustentó en la propia ley de asociaciones solidaristas, que encarga a la junta directiva de éstas, la función de dirigir y administrar a la asociación y a uno o varios fiscales nombrados por la asamblea de asociados, la obligación de vigilar la correcta administración de la asociación, según lo indica el artículo 51 de la ley solidarista.

En ese sentido, aseguró que “la Gerencia General del Banco Nacional no tiene injerencia alguna en la administración de ASEBANACIO, ni en las actividades económicas que ésta realiza, incluida la aprobación de créditos a asociados o a terceros, mucho menos ha girado instrucciones a ASEBANACIO de cómo hacer sus negocios”. De esta manera, dejó clara la independencia administrativa y patrimonial que existe entre el Banco Nacional de Costa Rica y ASEBANACIO y que se sustenta en el criterio de la Procuraduría General de la República C-121-2018 de 31 de mayo de 2018.

Gustavo Vargas fue exhaustivo en al referirse a si el Banco Nacional debía tomar acciones, o aplicar sanciones a los funcionarios del Banco, que integraron la junta directiva de ASEBANACIO, y que han sido señalados en distintas instancias, como presuntos responsables de las pérdidas de parte del ahorro obrero, que han tenido que asumir todos los asociados a ASEBANACIO.

Vargas dijo que cuando asumió el cargo de Gerente General, a partir del 03 de setiembre de 2018, no existían en el despacho gerencial, denuncias, investigaciones o procedimientos pendientes de atender con ocasión de situaciones ocurridas en ASEBANACIO. Fue a partir de julio de 2019, que la  Gerencia General se abocó a realizar una investigación, para determinar la viabilidad de abrir un proceso administrativo, que fijara una posible responsabilidad disciplinaria, de los funcionarios que se mencionan en dicha denuncia y en las notas periodísticas.

Lo anterior, es necesario en respeto al debido proceso que rige dentro del Banco Nacional, para la apertura, trámite y resolución de cualquier procedimiento tendiente a determinar la existencia de una responsabilidad de índole disciplinaria, según se encuentra regulado en la convención colectiva del Banco Nacional.  La entidad está obligada a ser garante del debido proceso y contar con información suficiente, clara, individualizada y circunstanciada, con el fin de obtener las posibles pruebas que pudieran existir.

Dentro de las acciones realizadas, citó que la Gerencia General solicitó a la Junta Directiva de ASEBANACIO, entre julio y diciembre del año 2019, en al menos cuatro ocasiones, la información en la que se sustentaban las denuncias mediáticas, referentes a la situación de ASEBANACIO. Vargas indicó que, ante esas solicitudes la ASEBANACIO manifestó, expresamente, que no podía facilitarnos la información, amparándose en la Ley de Protección de Datos Personales y el artículo 295 del Código Procesal Penal, sobre secreto de las actuaciones.

El Gerente aportó pruebas de esas solicitudes y las respuestas brindadas por la Asociación, la cual negó el acceso a la información, así como también, cuando se les solicitó la certificación de la denuncia penal presentada en la vía judicial. 

Por último, Gustavo Vargas se refirió al supuesto traslado de créditos malos por parte del BN a la asociación solidarista. Al respecto, fue enfático en indicar que todo vínculo comercial y de negocio se realizó respetando siempre el principio de legalidad que orienta el accionar del Banco y con sustento en criterios técnicos y legales, surgidos a lo interno de la institución para cada caso concreto.

“Este tema lo han venido a aclarar algunos ex directivos de ASEBANACIO, de nuestra parte también reforzamos que, los créditos formalizados entre el Banco Nacional y ASEBANACIO, cumplieron con los parámetros legales y de normativa prudencial que impone SUGEF en materia crediticia, cuyos pilares fundamentales lo constituyen la capacidad de pago y la garantía amplia y suficiente”.

El Gerente General del Banco indicó que durante toda su gestión en el Banco Nacional de más de 27 años, nunca se recomendó ni aprobó la cesión de créditos o cartera en favor de ASEBANACIO, con el objetivo de que el Banco se deshiciera de créditos, que se han catalogado mediáticamente como “créditos malos”, perjudicando de manera ya sea expresa o bien subrepticia a la ASEBANACIO.

Dijo además que, en cuanto a la venta de participaciones en créditos “es un negocio normal y común entre entidades financieras y su realización obedece a diferentes propósitos como lo son, un mejoramiento en el indicador de suficiencia patrimonial, ampliar la capacidad para el otorgamiento de crédito a un mismo cliente o mejorar los indicadores de liquidez”.

Propiamente en el caso de ASEBANACIO, indicó que “se le vendió una participación en dos créditos de la más alta calidad crediticia, sobre los que el Banco conservó la gestión directa con el cliente y se estableció una cláusula en el contrato de cesión del crédito según la cual, el banco podía en el momento que así lo deseara, hacer la recompra del crédito cedido. Esta recompra se realizó en junio del 2018”.

Así mismo, aseguró que, en razón de que el Banco siempre gestionó los créditos parcialmente cedidos a ASEBANACIO, podemos afirmar que durante el tiempo que la asociación mantuvo la participación en tales créditos, estos le generaron utilidades, por tratarse de clientes excelentes que nunca presentaron atrasos en el pago de sus obligaciones.

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Vargas concluyó negando categóricamente que, los actuales miembros de la Junta Directiva de ASEBANACIO hayan sido objeto de persecuciones por parte del Banco, debido a las denuncias que han efectuado.

“En el Banco Nacional somos conscientes del derecho constitucional de libre asociación, con que contamos todos los habitantes de la República, derecho que hemos respetado en todo momento y garantizamos sin excepción a todas las personas trabajadoras del Banco Nacional. Niego categóricamente que esta Gerencia haya obstaculizado, sancionado o de forma alguna, limitado a las trabajadoras y los trabajadores en el efectivo ejercicio de su derecho de asociación”.

También mencionó que el BN realizó una reforma del Código de Conducta en el año 2017, instruido por la Junta Directiva General, cuando se consideró que existía la necesidad de reformar específicamente el apartado 3.3 referente a “Los Conflictos de Interés”, en el punto Deber de abstención.  Se incluyó en el Código de Ética, una disposición para eliminar el potencial conflicto de intereses entre los directivos de ASEBANACIO y COOPEBANACIO por su doble condición de empleados en el BNCR. Este código que hoy es de carácter obligatorio de los funcionarios del Conglomerado Banco Nacional.