Empresas e instituciones públicas en competencia deben quedar excluidas de Ley de Empleo Público

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) manifiestan su preocupación ante la afectación directa que les significaría la aceptación por parte de la Asamblea Legislativa de la moción de reiteración N.° 16, que busca modificar la exclusión de las empresas e instituciones públicas en competencia del proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

Esta exclusión, determinada por la Comisión de Gobierno y Administración que discutió el proyecto, se sustenta en las siguientes razones:

• Por la naturaleza de su actividad económica, el régimen de empleo de las empresas públicas e instituciones en competencia se rige primordialmente por las reglas del derecho privado, en el cual no tienen cabida la aplicación de los principios del proyecto de ley. Es incorrecto homologarlas con todo el sector público por las características de sus negocios y la especialización que cada una tiene.

• Es inapropiado pretender que las empresas e instituciones en competencia gestionen sus relaciones de empleo a partir de los subsistemas de gestión definidos en el expediente legislativo, ya que se limitaría la gestión, la retención, la atracción, la compensación, el desarrollo y la capacitación de los trabajadores. La inclusión de las mismas en el proyecto de ley dificultaría que puedan cumplir con las mejores prácticas de los sectores y mercados en los que compiten.

• La inclusión del BNCR, el BCR, el INS y el ICE en dicho proyecto de ley provocaría una discriminación indebida entre estas empresas y sus competidores privados, lo que iría en contra de recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Dicha organización ha sido clara en que los Estados deben respetar las normas empresariales y permitir que este tipo de instituciones operen con total autonomía para la consecución de sus objetivos. Además, ha señalado que deben disfrutar de una autonomía presupuestaria para tener flexibilidad a la hora de contratar, remunerar y retener el conocimiento y la experiencia del talento humano.

• Dentro de su autonomía, las empresas públicas e instituciones en competencia han implementado acciones y políticas de contención del gasto en relación con sus planillas y remuneraciones, entre las que se encuentran los programas de movilidad voluntaria dirigida, las auditorías en sobresueldos, los ajustes de perfiles y clases de puestos, la emisión de políticas sobre la optimización del recurso humano y el salario único, entre otras. Esto permite retener y atraer talento humano especializado sin afectar operaciones o servicios esenciales.

• El BNCR, el BCR, el INS y el ICE no están adscritas al principio de caja única del Estado, por lo que no se consideran dentro de los índices de gasto en materia de empleo del Gobierno de la República. Además, actualmente están sometidas a los límites referidos a remuneraciones establecidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

• La propuesta de incluir únicamente a una parte del personal dentro del proyecto de ley tampoco es correcta, en tanto las empresas actúan formal y jurídicamente como una unidad económica única. Separar la gestión entre quienes participan directamente en las actividades en competencia y quienes no lo hacen crea inseguridad jurídica, así como una altísima probabilidad de litigios y conflictos internos con colaboradores y externos, los cuales derivarían en mayores costos para la gestión del recurso humano. Además, es una propuesta que no se sustenta en criterios técnicos ni financieros.

La eventual aprobación de la moción de reiteración N.° 16 implica un impacto negativo en las empresas públicas e instituciones en competencia. Por esto, solicitamos a los señores y las señoras diputadas que se manifiesten en contra de ella, y que no varíen la decisión tomada en la Comisión de Gobierno y Administración.